El Estado de Derecho democrático no puede concebirse cuando persiste violencia hacia niñas y mujeres: Morena 

CIUDAD DE MÉXICO, 28 de noviembre, (VIBRACIONES CAPITAL/CÍRCULO DIGITAL).—  Para realizar un diagnóstico actualizado sobre la violencia que padecen niñas y mujeres en la Ciudad de México, al tiempo de generar líneas precisas y objetivas para erradicarla, la diputada Juana María Juárez López organizó el foro Mujeres ante la Violencia Institucional.

Representantes de la Procuraduría de Justicia de la ciudad; de la Secretaría de Derechos Humanos del Distrito Federal, de organizaciones sociales y académicos, analizaron las causas de la violencia institucional, sus modalidades, así como los sectores más vulnerables.

La también vicecoordinadora del grupo parlamentario de MORENA en la Asamblea Legislativa, lamentó que sean las instituciones públicas el espacio donde se viole el artículo primero constitucional de las garantías individuales, a pesar de ser las encargadas de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.

Al relatar su experiencia como luchadora de los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia, criticó que en los refugios para mujeres dependientes del gobierno exista discriminación y maltrato, e incluso nieguen el servicio a mujeres que buscan refugio por una noche.

Juárez López aseguró que un Estado de Derecho democrático no puede concebirse cuando persiste violencia hacia niñas y mujeres en las distintas instituciones de gobierno. Subrayó que hace falta una institución donde se acompañe y ayude a las mujeres, además de un sistema jurídico que se dedique a hacer justicia.

Las agresiones de las que son víctimas las mujeres de esta ciudad, además de ser una violación a la Constitución Política, son acciones en contra de aquellos tratados internacionales que el Estado mexicano ha suscrito.

Durante su participación, la representante de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, Angélica Apatlán, lamentó que el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia sea letra muerta y los agresores sigan en las calles por la indolencia de las autoridades.

Comentó que en el Ministerio Público se sigue persuadiendo a las mujeres para no levantar denuncias por violencia, porque no se consideran importantes. Ello, acusó, convierte a los servidores públicos en cómplices de la violencia y llamó a combatir la doble victimización de que son objeto al presentar su denuncia. “La Violencia contra las mujeres es un asunto de toda la sociedad, no sólo de mujeres”, expresó.

En su momento, Areli Castilla, socióloga del Foro Ciudadano en Acción Creando Espacios AC, reveló que una modalidad más de la violencia institucional es la violencia política, la cual es ejercida contra las mujeres por los propios partidos políticos.

Ejemplificó con el caso de la Asamblea Legislativa donde el PRD, PAN y PRI se negaron a solicitar la Alerta de Género para la Ciudad de México, a pesar de tener un registró superior a los 400 Feminicidios. “Una bancada política votó en contra, pensando que es cosa de partidos y no de género”.

Precisó que la violencia política institucional es aquella que discrimina, dilata o impide el ejercicio de los derechos de las mujeres. Es un tipo de violencia que invisibiliza, pues niega a las mujeres acceder a la toma de decisiones o sataniza a quienes participan activamente en la política del país. Un ejemplo, dijo, es el número de mujeres en el gabinete presidencial, gubernaturas y congresos, donde predominan los hombres.

En su intervención, la maestra Karla Jeannette Ortiz, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), criticó que no haya presupuesto, estrategias, ni acciones para prevenir la violencia de género por parte del Estado, por lo que urgió a la sociedad civil a generar sus propias herramientas en las redes sociales y difundir campañas de prevención sobre la violencia de género y crear grupos de apoyo para mujeres violentadas.

Por su parte, la maestra María Santiago Gordillo enfocó su participación a la violencia de género en el ámbito rural, donde aseguró que se agrava esta situación debido a la desigualdad y pobreza que la que viven, por lo que propuso campañas de información sobre los derechos humanos de las mujeres en el campo.

Por último, el activista Christian Pérez Camacho demandó al gobierno federal cumplir los tratados internacionales en materia de derechos humanos.